En un acto de flagrante rebeldía y desobediencia institucional, el rector separado de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), Víctor Luna Barahona, hasta la fecha se ha negado a entregar el mando de la casa de estudios, en clara violación de las disposiciones del Consejo Superior.
El 22 de noviembre, el Consejo Superior, presidido por la ministra de Educación Lucy Molinar, resolvió que Luna Barahona debía separarse de su cargo, tras analizar diversas denuncias en torno al proceso electoral de la UMIP.
La decisión del Consejo fue tajante: "o te separas o te separamos", y Luna Barahona optó por separarse de manera voluntaria, con un plazo que se extendía desde el 22 de noviembre hasta el 8 de enero. Sin embargo, lejos de acatar las instrucciones, Luna Barahona, giró directrices a la directora de Recursos Humanos, para emitir una resolución que contradecía el acuerdo con el Consejo. La resolución indicaba que su separación sería hasta el 8 de diciembre.
Este error fue advertido por la administración del designado rector, Doctor Tomás Díaz, quien solicitó la corrección de la resolución. Sin embargo, la directora de Recursos Humanos se negó a modificar la fecha, al parecer siguiendo las instrucciones directas de Luna Barahona.
Ante la situación, miembros del Consejo Superior se comunicaron con Luna Barahona para aclarar la confusión, pero Luna Barahona insistió en que la fecha era la acordada por el Consejo, aunque finalmente accedió a hacer la corrección.
Sin embargo, para sorpresa de todos, Luna Barahona abandonó la universidad el viernes 22 de noviembre sin firmar la resolución de traspaso de mando. El fin de semana pasado alegó problemas de salud de un familiar, pero se comprometió a acudir a la sede de la UMIP el lunes 25. No obstante, no asistió.
Este 27 de noviembre, Luna Barahona no ha regresado a la UMIP para firmar el documento de traspaso y, hasta la fecha, no ha entregado formalmente el mando, violando no solo las instrucciones del Consejo Superior, sino también el calendario electoral y dejando a la UMIP en acefalia.
Este acto de desobediencia no solo pone en entredicho la autoridad del Consejo Superior. Lo más preocupante de esta situación es la actitud complaciente del Ministerio de Educación (MEDUCA), que, hasta el momento, ha mostrado una pasividad alarmante frente al flagrante incumplimiento de las normas y el desafío a la autoridad del Consejo Superior.
La falta de acción por parte del Consejo Superior deja abierta la posibilidad de que se sigan vulnerando las normativas, sin que se tomen medidas correctivas.
Este incumplimiento directo de las órdenes del Consejo Superior no solo tiene implicaciones políticas, sino que también constituye una falta grave de disciplina y podría dar lugar a consecuencias legales y administrativas.
Los funcionarios públicos, como Luna Barahona, tienen la obligación de cumplir con las órdenes legítimas emitidas dentro del marco de sus competencias. Su desobediencia podría justificar sanciones que van desde una amonestación hasta medidas más severas, como la destitución, en función de la gravedad del incumplimiento.
Este episodio plantea serias interrogantes sobre la eficacia de las autoridades responsables de velar por el cumplimiento de la normativa electoral y la administración de la UMIP.
El hecho de que una autoridad académica desafíe abiertamente a su propio Consejo Superior refleja una crisis de gobernabilidad que, de no resolverse de manera contundente, podría afectar el futuro de la universidad y su credibilidad ante la sociedad.
